Se nos dice últimamente que, para salir de la crisis socioeconómica en la que la rapiña globalizada del neoliberalismo nos ha inmerso, el modelo productivo español, centrado básicamente en la construcción y el turismo, ha de dar un vuelco de 180 grados.
Se trata de construir, se afirma, un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la formación. Un modelo productivo que, como el de los países más desarrollados de Europa, aproveche las capacidades de la ciencia y la tecnología para situar al país en las zonas de dirección de las distintas cadenas de valor capitalistas.
Como anillo al dedo vendría, entonces, la modificación de la reglamentación de la Formación Profesional en nuestro Estado que, se afirma, va a venir a desarrollar de manera novedosa y fructífera el sistema de formación de los cuadros medios (imprescindibles, si se quiere realizar la mutación antedicha de la totalidad de nuestro sistema productivo) de la industria y los servicios.
Teniendo en cuenta que el porcentaje de titulados de FP en el Estado Español (el 35 %) sigue siendo inferior al de la media de la OCDE (45 %), parece que nada debería ser objetado a la reestructuración de la Formación Profesional.
Sin embargo, muchos nos tememos que ninguna de todas esas cosas que se suponen (y que se suponen que deseamos) son realmente defendidas de manera coherente por los poderes públicos.
Nos explicaremos: nuestras autoridades educativas han descubierto una manera curiosa y fácil de solventar esta brecha en el número de titulados de FP con respecto a la OCDE y, con ello, de “transformar el entero sistema productivo”: las acreditaciones profesionales.
El hecho es que la tan publicitada “nueva Formación Profesional” va a permitir que se otorguen certificados de profesionalidad (y, por tanto, que se den por convalidados los correspondientes módulos de las enseñanzas regladas) a quienes acrediten haber trabajado, realizando unas determinadas funciones, durante un determinado período de tiempo.
Indudablemente, todo esto suena muy bien para los trabajadores que quieren obtener un título sin necesidad de pasar por las arduas horas de estudio que implica la formación académica. Pero no nos olvidemos que, en definitiva, lo que se está haciendo es darle a la empresa privada la posibilidad de otorgar títulos técnicos oficiales y homologables. El efecto privatizador de la medida es innegable. Pronto los centros públicos veremos el resultado.
Por otra parte, el porcentaje de titulados seguramente subirá de manera rápida. Pero no olvidemos que nadie, desde una instancia objetiva y científicamente acreditada, podrá garantizar que dichos titulados tienen realmente los conocimientos que su titulación implica. La empresa privada, con su clientelismo y nepotismo inmanentes, acreditará lo que quiera acreditar.
¿Basta dar muchos títulos a la gente para transformar el sistema productivo? ¿O es necesario que la gente de verdad sepa hacer lo que se supone que sabe hacer? Tantos años de especulación desbocada han hecho perder el respeto al conocimiento y sus exigencias a los dirigentes de nuestro mundo capitalista.
Y, además, no debemos perder de vista lo que decía en su momento el profesor argentino de Derecho del Trabajo Mario E. Ackerman:
“La Formación Profesional, en cuanto no suponga un complemento de la educación, expone a las personas al riesgo de un fragmentación en la que lo principal se subordina a lo accesorio, y se
Porque, en los términos en los que se la presenta, desvinculada de la educación integral –para el ser, el saber y la libertad, que es consecuencia y condición de ambos- la formación profesional podría no ser más que un complemento necesario de los recursos humanos para su inserción funcional en los procesos productivos. Pero sólo esto”.
Por ello, la FP que se nos propone, enteramente en manos de la empresa privada, no es otra cosa que la degradación de una etapa educativa para convertirla en una simple función de desarrollo gerencial.
José Luis Carretero Miramar (abogado laboralista y miembro de ICEA)